La Comisión Europea ha adoptado una propuesta legislativa para aumentar la demanda de tecnologías y productos hipocarbónicos fabricados en Europa. La Ley de Aceleración Industrial impulsará la fabricación, el crecimiento de las empresas y la creación de empleo en la UE, apoyando al mismo tiempo la transición industrial hacia tecnologías más limpias y preparadas para el futuro.
En consonancia con las recomendaciones del informe Draghi, la Ley de Aceleración Industrial introduce requisitos específicos y proporcionados de «Fabricación en la UE» o bajas emisiones de carbono para la contratación pública y los sistemas de ayuda pública. Estos requisitos se aplicarán a determinados sectores estratégicos, en particular el acero, el cemento, el aluminio, los automóviles y las tecnologías de cero emisiones netas, estableciendo al mismo tiempo un marco ampliable, cuando proceda, a otros sectores de gran consumo de energía, como el de los productos químicos. De esta manera, se reforzarán las capacidades de producción europeas y se impulsará la demanda de tecnologías y productos limpios fabricados en Europa. La Ley incluye el requisito de que los Estados miembros establezcan un proceso digital único de concesión de permisos para acelerar y simplificar los proyectos de fabricación.
La Ley de Aceleración Industrial tiene por objeto aumentar la creación de valor en la UE, reforzando nuestra base industrial en el contexto de una competencia mundial cada vez más desleal y una creciente dependencia de proveedores no pertenecientes a la UE en sectores estratégicos. Constituye, por tanto, una estrategia para apuntalar el crecimiento económico, la prosperidad y la seguridad a largo plazo. En 2024, la industria manufacturera representaba el 14,3 % del PIB de la UE y, por lo tanto, desempeña un papel fundamental en la resiliencia económica, el ciclo de vida de la innovación y el tejido social de Europa. La Ley establece el objetivo de aumentar la proporción de la industria manufacturera en el PIB de la UE hasta el 20 % de aquí a 2035.
Por otro lado, la UE sigue teniendo uno de los mercados más abiertos del mundo y se ha comprometido a mantener esa apertura como motor esencial de fortaleza económica y resiliencia. La propuesta, en sintonía con el informe Draghi, fomenta una mayor reciprocidad en la contratación pública, ofreciendo igualdad de trato a los países que den acceso a sus mercados a las empresas de la UE. Los socios pueden participar en la contratación pública si han firmado el Acuerdo sobre Contratación Pública, un tratado de la Organización Mundial del Comercio que garantiza el acceso recíproco a la contratación pública entre sus miembros. En el caso de otras intervenciones públicas, en particular los sistemas públicos y las subastas, los socios pueden entrar dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Aceleración Industrial si han suscrito un acuerdo de libre comercio o una unión aduanera con la UE.
Aunque mantiene abierta la inversión extranjera directa, la Ley de Aceleración Industrial establece condiciones para las grandes inversiones en sectores estratégicos superiores a los 100 millones de euros cuando un solo tercer país controle más del 40 % de la capacidad manufacturera mundial. Estas inversiones deben crear puestos de trabajo de alta calidad, impulsar la innovación y el crecimiento y generar un valor real en la UE, mediante la transferencia de tecnología y conocimientos y el cumplimiento de requisitos sobre contenido local. También deben garantizar un nivel de empleo europeo de al menos el 50 % y garantizar que las empresas y los ciudadanos, además de los inversores, tengan acceso al mercado único. De este modo, la Ley de Aceleración Industrial refuerza la seguridad económica de la UE y la resiliencia de la cadena de suministro.
