La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública en la que se invita a todas las partes interesadas a presentar sus comentarios sobre los borradores de un Reglamento revisado de Exención por Categorías en la Transferencia de Tecnología («TTCER») y las Directrices revisadas sobre la aplicación del Artículo 101 del Tratado a los acuerdos de transferencia de tecnología («Directrices»).
Los acuerdos de transferencia de tecnología son acuerdos mediante los cuales una empresa autoriza a otra a utilizar ciertos derechos tecnológicos —como patentes, derechos de diseño o derechos de autor de software— para producir bienes o servicios. Dado que estos acuerdos facilitan la difusión de la tecnología e incentivan la investigación y el desarrollo, suelen ser procompetitivos, pero algunas restricciones en estos acuerdos también pueden tener efectos negativos sobre la competencia.
En este contexto, el RECATT exime a los acuerdos de transferencia de tecnología que cumplen ciertas condiciones de la prohibición de acuerdos anticompetitivos establecida en el artículo 101 , apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), con el objetivo de facilitar la difusión de la tecnología, reforzar los incentivos para la investigación y el desarrollo, y promover la innovación. Si las empresas diseñan sus acuerdos de transferencia de tecnología de conformidad con las condiciones del RECATT, tienen la seguridad jurídica de que sus acuerdos cumplen con el artículo 101.
Las Directrices ofrecen orientación sobre la aplicación del RECATT y sobre la evaluación, de conformidad con el artículo 101 del TFUE, de los acuerdos de transferencia de tecnología que no quedan cubiertos por la exención por categorías prevista en el RECATT.
La revisión del RECATT y las Directrices es consecuencia de una evaluación de las normas actuales, que se han aplicado desde 2014. La evaluación se completó en noviembre de 2024 y la revisión tiene como objetivo adaptar las normas para reflejar la evolución reciente del mercado y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como proporcionar seguridad jurídica adicional a las empresas que deseen celebrar acuerdos de transferencia de tecnología.
