El Consejo ha llegado a un acuerdo sobre aspectos clave de un proyecto de ley que garantizará los derechos de los adultos que necesiten protección o apoyo en situaciones transfronterizas. El acuerdo de hoy (la «orientación general parcial») abarca partes de la nueva legislación, mientras que otras disposiciones siguen debatiéndose.
La nueva ley tiene por objeto reforzar la protección de los adultos que, debido a una alteración o insuficiencia de sus facultades personales, son incapaces de proteger sus propios intereses. La ley también garantizará que se respete el derecho a la autonomía individual, incluida la libertad de las personas para tomar sus propias decisiones, cuando se desplacen dentro de la UE.
El número de personas que necesitan ayuda a la hora de tomar decisiones relacionadas con aspectos personales de su vida va en aumento. Según cifras de la UE, se prevé que la proporción de personas mayores de 65 años con algún tipo de discapacidad aumente un 77% de aquí a 2050. Al mismo tiempo, cada vez más personas hacen uso de la libertad de circulación en la UE y, por ejemplo, viven en más de un país a lo largo de un año o tienen posesiones en varios Estados. Esto plantea muchos problemas a los adultos en situaciones transfronterizas. Pueden tener que gestionar sus bienes o propiedades situados en otro país, someterse a atención médica de urgencia o programada en el extranjero o trasladarse a otro país por diversas razones.
Las personas que ya no pueden tomar esas decisiones sin apoyo (por ejemplo, de un familiar o tutor) se enfrentan a normas complejas y a veces contradictorias en el ámbito del Derecho internacional privado. Esas normas determinan qué tribunal u otra autoridad competente para tomar medidas de protección es competente, qué ley se aplica a su caso y cómo reconocer o dar efecto a una decisión tomada o a poderes de representación establecidos en el extranjero.
Esto da lugar a situaciones en las que los adultos, sus familias y sus representantes experimentan una gran inseguridad jurídica en cuanto a las normas que se aplicarán a su caso y al resultado de los procedimientos y trámites que deben realizar.
