La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber puesto remedio a una infracción relacionada con la libre circulación de capitales (artículo 63 del TFUE) debida al trato fiscal discriminatorio de los contribuyentes no residentes. Cuando el pago de una transferencia de activos se aplaza más de un año o se abona a plazos durante un período superior a un año, los contribuyentes residentes tienen la opción de pagar el impuesto cuando se devengan las plusvalías o de aplazarlo proporcionalmente sobre la base del flujo de efectivo. Sin embargo, a los contribuyentes no residentes no se les ofrece esta posibilidad de aplazamiento y deben pagar el impuesto cuando se devengan las plusvalías en el momento de la transferencia de los activos.
El 2 de diciembre de 2021, la Comisión envió a España una carta de emplazamiento, así como un dictamen motivado el 23 de mayo de 2024. En sus respuestas oficiales y en los diálogos técnicos posteriores celebrados con las autoridades nacionales, España ha mantenido que su legislación tributaria se ajusta al Derecho de la Unión.
La Comisión considera que, hasta la fecha, los esfuerzos de las autoridades han sido insuficientes y, en consecuencia, lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
