Cada año, millones de consumidores europeos recurren a los comerciantes en línea para comprar bienes de segunda mano, como ropa, equipos electrónicos, juguetes, etc.
Al comprar bienes de segunda mano, la legislación europea establece que los consumidores tienen derecho a la misma garantía e información sobre un producto, sobre sus derechos y sobre el comerciante al que compran, que al comprar cualquier otro bien.
La UE se ha comprometido a garantizar que los consumidores no sean inducidos a error por las prácticas comerciales de los comerciantes y que se aplique la legislación comunitaria de protección de los consumidores.
Para ello, la Comisión Europea y las autoridades nacionales de protección de los consumidores de 25 países de la UE, Islandia y Noruega, realizaron recientemente un cribado («barrido») de 356 comerciantes en línea, que operan sitios web o plataformas de venta de bienes de segunda mano, para comprobar si sus prácticas cumplían la legislación de la UE en materia de consumo.
Se detectó que el 52% de los comerciantes en línea examinados incumplían potencialmente la legislación de la UE en materia de consumo.
- El 40% no informó a los consumidores sobre su derecho de desistimiento de forma clara, como el derecho a devolver un producto en un plazo de 14 días sin justificación ni coste;
- El 45% no informó correctamente a los consumidores de su derecho a devolver productos defectuosos o que no parecían o no funcionaban como se anunciaban;
- el 57% no respetó el periodo mínimo de garantía legal de un año para los bienes de segunda mano;
- el 34% de los comerciantes presentaba alegaciones medioambientales en su sitio web, de las cuales el 20% no estaban suficientemente justificadas, y el 28% eran falsas, engañosas o estaban calificadas de prácticas comerciales desleales.
La UE se dedica a garantizar que los consumidores reciban mejor información sobre la durabilidad y reparabilidad de los bienes y los derechos de garantía legal del consumidor en el punto de venta.
Las autoridades de consumo han señalado a 185 comerciantes para seguir investigando y decidirán si adoptan nuevas medidas y exigen el cumplimiento según sus procedimientos nacionales.
