El Consejo ha acordado su posición sobre una ley de la UE relativa a la prevención y la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes. El objetivo de esta propuesta es aproximar el Derecho penal de los Estados miembros en cuestiones como la definición y la sanción del tráfico ilícito de migrantes. La posición acordada hoy servirá de base para las próximas negociaciones con el Parlamento Europeo.
La lucha contra el tráfico ilícito de migrantes es una prioridad de la UE y constituye un elemento crucial para hacer frente a la migración irregular.
De acuerdo con el texto acordado, los Estados miembros deben garantizar que, en su legislación nacional, ayudar intencionadamente a un nacional de un tercer país a entrar, transitar o permanecer en el territorio de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea a cambio de un beneficio financiero o material constituye un delito.
En cuanto a las penas, los países de la UE deben tomar medidas para que el delito de tráfico ilícito de migrantes se castigue con una pena máxima de cárcel de al menos tres años. Las penas máximas deben ampliarse hasta al menos ocho años cuando los traficantes actúen como parte de una organización criminal o cuando utilicen violencia grave contra los migrantes. Si el delito causa la muerte de un migrante, la pena máxima de prisión debe ser de al menos diez años. Los Estados miembros pueden decidir imponer penas máximas más largas.
En 2023 se detectaron aproximadamente 380 000 cruces irregulares de las fronteras exteriores de la UE. Europol calcula que más del 90% de los migrantes irregulares que llegan a la UE utilizan los servicios de traficantes.
El tráfico ilícito de migrantes es también una actividad delictiva muy rentable. Según cifras de la ONU, las redes de traficantes obtienen unos beneficios anuales de entre 4.700 y 6.000 millones de dólares.
