La Comisión Europea propone modificaciones específicas del marco jurídico actual establecido en el Reglamento por el que se crea una organización común de mercados de los productos agrícolas (OCM) y un nuevo Reglamento relativo a la aplicación transfronteriza de las normas contra las prácticas comerciales desleales. Estas propuestas tienen por objeto reforzar la posición de los agricultores y restablecer la confianza entre los agentes de la cadena de suministro agroalimentario. Ambas propuestas reflejan directamente varias recomendaciones del diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura de la UE y responden a algunos de los retos más acuciantes a los que se enfrenta el sector agrícola.
Mejorar la posición de los agricultores en la cadena de suministro agroalimentario y apoyar sus ingresos son objetivos importantes de la política agrícola común (PAC). Las enmiendas específicas de hoy tienen como objetivo específico reforzar la posición de los agricultores en la cadena de suministro agroalimentario y lograr un mayor grado de confianza entre los agentes mediante:
- mejorar las normas para los contratos entre agricultores y compradores, hacer de los contratos escritos una obligación general y mejorar la forma en que los contratos a largo plazo tienen en cuenta la evolución del mercado y las fluctuaciones de los costes y las condiciones económicas;
- hacer obligatorio el establecimiento de mecanismos de mediación entre los agricultores y sus compradores;
- impulsar las organizaciones de productores y sus asociaciones mejorando su poder de negociación, permitiendo a los Estados miembros concederles más ayuda financiera en el marco de las intervenciones sectoriales de la PAC y simplificando las normas sobre su reconocimiento jurídico;
- permitir que la UE apoye financieramente a las organizaciones de productores que adopten iniciativas privadas para gestionar crisis;
- definir cuándo pueden utilizarse términos opcionales como «justo», «equitativo» y «cadenas de suministro cortas» para describir la organización de la cadena de suministro al comercializar productos agrícolas;
- ampliar la posibilidad de que los agricultores y otros agentes acuerden iniciativas de sostenibilidad con determinadas dimensiones sociales, como el apoyo a la renovación generacional, la preservación de la viabilidad de las pequeñas explotaciones o la mejora de las condiciones de trabajo de los agricultores y los trabajadores agrícolas.
