El Consejo ha adoptado formalmente la Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad de las empresas. Se trata del último paso del procedimiento de toma de decisiones.
La Directiva adoptada introduce obligaciones para las grandes empresas en relación con las repercusiones negativas de sus actividades sobre los derechos humanos y la protección del medio ambiente. También establece las responsabilidades vinculadas a estas obligaciones. Las normas no sólo afectan a las operaciones de las empresas, sino también a las actividades de sus filiales y a las de sus socios comerciales a lo largo de la cadena de actividades de las empresas.
La directiva afectará a las empresas de más de 1 000 empleados con un volumen de negocios superior a 450 millones de euros y cuyas actividades abarquen desde la producción previa de bienes o la prestación de servicios hasta la distribución, el transporte o el almacenamiento posteriores de productos. Las empresas afectadas por la legislación adoptada hoy tendrán que adoptar y aplicar un sistema basado en el riesgo para supervisar, prevenir o remediar los daños a los derechos humanos o al medio ambiente identificados por la directiva.
