Para garantizar un despliegue más rápido de la infraestructura de red digital en toda Europa, el Consejo ha adoptado la ley de infraestructura gigabit, que sustituirá a la Directiva de reducción de costes de la banda ancha (BCRD) de 2014. La nueva ley pretende simplificar y acelerar el despliegue de redes de alta velocidad, como la fibra y la 5G, con vistas a alcanzar los objetivos y metas de conectividad de Europa establecidos en la brújula digital para esta década.
El nuevo reglamento también pretende reducir los costes innecesariamente elevados del despliegue de redes de alta capacidad causados en parte por los procedimientos de concesión de permisos. Estos últimos se simplificarán mediante un mecanismo obligatorio de conciliación entre los organismos del sector público y los operadores de telecomunicaciones. La nueva legislación aportará además más transparencia y garantizará una planificación eficaz para los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas.
Para lograr un mejor acceso a los servicios de la sociedad de la información por parte del público y las empresas, la ley de infraestructuras gigabit también aborda el despliegue y el acceso a las infraestructuras físicas dentro de los edificios.
Además, la nueva ley permite cierto grado de flexibilidad a los Estados miembros, como las excepciones para infraestructuras nacionales críticas.
Por último, dado que el actual límite de precios al por menor para las comunicaciones intracomunitarias reguladas expirará el 14 de mayo de 2024, los actuales límites de 0,19 euros por minuto para las llamadas y de 0,06 euros por mensaje SMS se prorrogan hasta el 30 de junio de 2032 para garantizar la protección, especialmente de los consumidores vulnerables.
