El Ejecutivo europeo propone dar cobertura legal a las restricciones al alquiler turístico con esta normativa que deberá recibir el visto bueno del Parlamento y los Estados miembros antes de entrar en vigor.
La Comisión ha propuesto la Ley de Vivienda Asequible para ayudar a los Estados miembros y a las ciudades a abordar el problema de la asequibilidad y disponibilidad de viviendas en las zonas que sufren las mayores presiones. La falta de vivienda asequible se ha convertido en una de las preocupaciones más urgentes para la ciudadanía europea. Según el último Eurobarómetro, más del 50 % de los habitantes de las ciudades consideran que la vivienda es un problema inmediato y urgente en su lugar de residencia. La propuesta de hoy contribuye a dar respuesta a estas preocupaciones. La crisis de la vivienda también debilita nuestra competitividad, al limitar la movilidad laboral y educativa. Por lo tanto, es fundamental abordarla.
En algunas ciudades y destinos turísticos populares, donde la presión sobre la vivienda es mayor, el uso cada vez más frecuente de las viviendas para fines distintos a la residencia principal puede agravar los problemas locales de disponibilidad y asequibilidad. La Ley de Vivienda Asequible responde a estas preocupaciones localizadas. Otorga a las autoridades públicas seguridad jurídica a la hora de actuar, en función de las particularidades locales y dentro del marco de la legislación de la UE.
Seguridad jurídica
Algunos Estados miembros ya han adoptado medidas para aliviar estas presiones, pero se han enfrentado a retos jurídicos en relación con la compatibilidad con el Derecho de la UE. La Ley de Vivienda Asequible aporta claridad y previsibilidad, y responde a la petición de los Estados miembros y los municipios de contar con una mayor seguridad jurídica sobre cómo pueden actuar en el contexto del mercado único de la UE.
La Ley de Vivienda Asequible establece el primer marco común europeo de la historia para evaluar las medidas relacionadas con la vivienda que afectan al mercado único. Deja en manos de las autoridades competentes la decisión de actuar o no, así como la elección de las medidas que deban adoptarse. Las decisiones en materia de política de vivienda siguen siendo competencia de los ámbitos nacional, regional y local.
La Ley está concebida para proporcionar claridad jurídica a las autoridades, cuando decidan tomar medidas, en ámbitos sometidos a estrés en materia de vivienda, salvaguardando al mismo tiempo el mercado único y respetando plenamente el principio de subsidiariedad.
Zonas de vivienda tensionadas
Las nuevas normas están concebidas para ayudar a las autoridades competentes a identificar las «zonas de vivienda tensionada» utilizando una metodología común. Cuando las autoridades decidan restringir el uso de la vivienda, por ejemplo, para alquileres de corta duración o viviendas desocupadas, deberán demostrar que ello contribuye a reducir las presiones locales sobre la vivienda y garantizar que las medidas sean específicas, necesarias y proporcionadas.
En cuanto a los alquileres de corta duración, cualquier medida debe centrarse en aquellas actividades que reducen el parque de viviendas disponibles para uso a largo plazo, especialmente cuando su magnitud, frecuencia o carácter comercial agraven la presión sobre el mercado de la vivienda. Antes de introducir restricciones, las autoridades también deben demostrar que la actividad de alquiler de corta duración ha tenido un efecto adverso significativo en la asequibilidad o la disponibilidad de la vivienda durante al menos tres años, y que medidas menos restrictivas no serían igualmente eficaces. Además, deben aplicar y hacer cumplir el Reglamento sobre el alquiler de alojamientos de corta duración, incluidos los requisitos de registro y la eliminación o desactivación de los anuncios que no los cumplan y, cuando sea posible, utilizar los datos recopilados en virtud de dicho Reglamento para respaldar su evaluación.
Segundas residencias
Los alquileres de corta duración no son la única forma de uso no primario de la vivienda que puede agravar las presiones sobre la vivienda. Las autoridades también están adoptando medidas que tiene que ver con la adquisición o el uso de bienes inmuebles residenciales, por ejemplo, para hacer frente a segundas residencias o a vacantes prolongadas. La Ley de Vivienda Asequible también establece un marco más claro para este tipo de medidas. La Ley protege la seguridad jurídica y las expectativas legítimas: las condiciones relacionadas con la adquisición no pueden aplicarse con carácter retroactivo, deben establecerse disposiciones transitorias adecuadas y las medidas para hacer frente a la desocupación a largo plazo deben tener en cuenta los períodos justificados de no ocupación.
Para los residentes en zonas sometidas a presión, el objetivo es que las medidas adoptadas a nivel local estén mejor orientadas, se basen en datos más sólidos, se revisen periódicamente y vayan acompañadas de medidas para aumentar la oferta de vivienda. Los inversores y los propietarios de inmuebles que operan en varios mercados locales se beneficiarán de una mayor claridad sobre el marco jurídico de la UE.
