Los representantes de los Estados miembros (Coreper) aprobaron la posición del Consejo sobre una propuesta de la Comisión para simplificar la normativa de la UE y, por consiguiente, impulsar la competitividad de la UE en el sector de las baterías. El objetivo principal es posponer dos años la fecha de aplicación de las obligaciones de diligencia debida pertinentes para que los operadores económicos que comercializan baterías en el mercado de la UE tengan más tiempo para prepararse.
La propuesta forma parte del paquete denominado «Omnibus IV» adoptado por la Comisión el 21 de mayo de 2025 para simplificar la legislación, como parte del esfuerzo más amplio de la UE para apoyar la competitividad industrial reduciendo la complejidad regulatoria.
Como parte del reglamento de baterías de la UE, adoptado en 2023, los fabricantes de baterías están obligados a informar públicamente sobre sus prácticas de diligencia debida para prevenir o reducir los impactos adversos de las baterías en el medio ambiente, incluida la gestión de sus residuos. La propuesta de la Comisión otorga tiempo adicional a los fabricantes y exportadores de baterías para cumplir con estas nuevas normas de diligencia debida ambiental, ampliando el plazo del 18 de agosto de 2025 al 18 de agosto de 2027. El aplazamiento también ofrecerá más tiempo para la creación de organismos de verificación externos, ya que se han identificado varios problemas en su proceso de autorización debido a la ausencia de un estándar de acreditación definido.
Además, la Comisión tiene previsto publicar las directrices de diligencia debida un año antes de la entrada en vigor de las obligaciones para ofrecer orientación oportuna a las empresas y facilitar la aplicación de las nuevas normas. Por último, la Comisión propone aligerar la carga administrativa de las normas de diligencia debida exigiendo a las empresas que publiquen informes sobre su cumplimiento cada tres años, en lugar de anualmente.
En vista de sus importantes implicaciones para el sector empresarial, la presidencia polaca ha priorizado esta propuesta con el fin de proporcionar a la industria de baterías de la UE la seguridad jurídica necesaria en relación con sus obligaciones de información y diligencia debida. Los Estados miembros coincidieron con el sentido de urgencia de la presidencia.
