La Comisión Europea ha decidido llevar a España [INFR(2012)2100] ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber cumplido todas las obligaciones de recogida y tratamiento establecidas en la Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas (Directiva 91/271/CEE).
La Directiva tiene por objeto proteger la salud de las personas y el medio ambiente mediante la exigencia de que las aguas residuales urbanas se recojan y traten antes de verterse al medio ambiente. Las aguas residuales no tratadas pueden poner en peligro la salud humana y contaminar los lagos, los ríos, el suelo y las aguas costeras y subterráneas.
La información recopilada por la Comisión ha puesto de manifiesto un incumplimiento generalizado de la Directiva en España. En el caso de 29 aglomeraciones, España sigue teniendo que garantizar que disponen de sistemas colectores de aguas residuales y que, cuando esté justificado el uso de sistemas individuales u otros sistemas adecuados, se alcance el mismo nivel de protección medioambiental que con un sistema colector.
En el caso de 225 aglomeraciones, España sigue sin ofrecer el grado de tratamiento exigido a toda la carga contaminante de las aglomeraciones o no ofrece los resultados de tratamiento necesarios en lo que respecta a los vertidos después del tratamiento. Esto significa que existen aglomeraciones en las que deben construirse o mejorarse las infraestructuras, lo cual puede requerir esfuerzos considerables para la construcción de nuevas infraestructuras físicas o la mejora de las instalaciones de tratamiento ya existentes.
