La iniciativa responde a la necesidad de atender al nuevo marco regulatorio y de mejorar aspectos de la regulación actual, teniendo en cuenta los nuevos retos que plantea la Política Agraria Común y los desafíos del Green Deal o de estrategias como «De la Granja a la mesa» y de biodiversidad, además de establecer de forma precisa y ordenada las condiciones medioambientales, higiénico-sanitarias, de bienestar animal y de ordenación zootécnica que la actividad ganadera debe cumplir.
La proposición presentada establece, entre otras medidas, las distancias y tamaños máximos para las explotaciones ganaderas; y los criterios para percibir indemnizaciones por sacrificios declarados obligatorios por la autoridad. Además, modifica la resolución de expedientes en tramitación.
