Tras la entrada en vigor de la Directiva Anticorrupción en mayo de 2026, el legislativo apunta ahora a la delincuencia organizada y a las nuevas tecnologías.
El legislativo europeo ha adoptaba durante la primera semana de octubre sus prioridades para la inminente estrategia anticorrupción de la Comisión, con el fin de reforzar la prevención, la aplicación de la ley y la integridad en toda la UE.
En una resolución aprobada a mano alzada, el Parlamento ha afirmado que la estrategia anticorrupción debe abordar los riesgos de corrupción en constante evolución vinculados a la delincuencia organizada y a las nuevas tecnologías, tras la entrada en vigor de la Directiva Anticorrupción en mayo de 2026.
La corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos, socava la democracia y el Estado de Derecho, distorsiona la actividad económica y abre la puerta a la delincuencia organizada y a los actores hostiles. Los eurodiputados advierten de que la percepción de impunidad puede ser tan perjudicial para la legitimidad democrática como la propia corrupción.
Organismos de control
Los eurodiputados piden que la sociedad civil y los organismos de control anticorrupción participen en todas las fases de la estrategia, que se refuerce la protección de los denunciantes y los periodistas de investigación, y que existan autoridades judiciales y anticorrupción independientes.
El Parlamento también aboga por la adhesión plena de la UE al «Grupo de Estados contra la Corrupción» (GRECO) del Consejo de Europa, de modo que las instituciones de la UE se sometan al mismo escrutinio que las autoridades nacionales.
Seguimiento
Los eurodiputados desean que se establezcan indicadores comunes para evaluar las políticas anticorrupción y que se incluyan recomendaciones más específicas y cuantificables en los informes anuales de la Comisión sobre el Estado de Derecho.
Asimismo, piden que se refuerce la condicionalidad en materia de Estado de Derecho en el próximo presupuesto a largo plazo de la UE y, cuando proceda, que se incluyan objetivos anticorrupción en los programas financiados por la UE.
