Los delitos ambientales constituyen una de las economías criminales de mayor crecimiento en el mundo, y cada vez ocurren más a la vista de todos. Desde la venta abierta de especies en peligro de extinción en redes sociales hasta la tala ilegal y el tráfico de residuos, estos delitos son sofisticados, rentables y difíciles de perseguir penalmente.
Los días 8 y 9 de abril, en el Diálogo sobre Seguridad y Desarrollo para el Avance de las Respuestas Multilaterales y Multipartitas a los Delitos Ambientales, celebrado en París —copatrocinado por el gobierno francés y el programa ECO-SOLVE, financiado por la UE—, la UE exige una mayor coordinación global, una aplicación más innovadora de la normativa y una mayor rendición de cuentas, tanto del sector público como del privado. Los delitos ambientales suelen proliferar en las brechas existentes entre las leyes, a través de las fronteras y a través de plataformas digitales donde la regulación tiene dificultades para adaptarse.
Los delitos ambientales no solo dañan los ecosistemas y la biodiversidad, sino que también debilitan las instituciones, fomentan la corrupción y amenazan la seguridad global. Con ECO-SOLVE y a través de alianzas globales, la UE contribuye a forjar un futuro más seguro, transparente y justo para las personas y el planeta.
