El 11 de octubre venció el plazo para que los países de la UE transpongan las disposiciones clave de la Directiva de Eficiencia Energética (UE/2023/1791), cuyo objetivo es impulsar los objetivos de eficiencia energética de la UE. La eficiencia energética es la herramienta más rentable y socialmente inclusiva para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, disminuir la dependencia de la UE de los combustibles fósiles importados y mejorar la resiliencia ante las fluctuaciones de los precios de la energía. Al reducir el consumo de energía, las medidas de eficiencia energética también reducen las facturas energéticas de los ciudadanos y las empresas y refuerzan la competitividad industrial de la UE.

Con esta directiva, acordada por los colegisladores el 10 de marzo de 2023 y en vigor desde el 10 de octubre de 2023, la UE establece un objetivo vinculante para lograr una reducción global del consumo final de energía del 11,7 % para 2030 (en comparación con las proyecciones de 2020). Alcanzar este objetivo exige un esfuerzo concertado de todos los países de la UE durante los próximos cinco años, que se refleja en sus Planes Nacionales de Energía y Clima (PNEC). La Comisión supervisa los avances en este ámbito, en particular mediante el análisis de los PNEC. La  evaluación de la Comisión a nivel de la UE sobre el impacto acumulativo de los PNEC actualizados  (COM/2025/274), publicada en mayo, indicó que, si bien muchos países han aumentado sus ambiciones de eficiencia energética, se necesitan más esfuerzos para cumplir plenamente el objetivo.

Para lograr este objetivo, la directiva exige que, antes de invertir en nuevas infraestructuras energéticas, como centrales eléctricas, sistemas de calefacción o redes, las autoridades públicas de los países de la UE comprueben si las mejoras en la eficiencia energética podrían ser una alternativa más económica y limpia. De ser así, se deben priorizar las soluciones energéticamente eficientes.

Otros aspectos de la directiva requieren que los países de la UE

  • garantizar que el sector público dé ejemplo, reduciendo su propio consumo final de energía en un 1,9% cada año (en comparación con los niveles de 2021) y renovando al menos el 3% de los edificios públicos anualmente
  • establecer «ventanillas únicas» que brinden asesoramiento, orientación y apoyo práctico gratuitos para renovaciones energéticas, facilitando este proceso especialmente para los hogares vulnerables y aquellos que viven en los edificios con peor desempeño energético
  • Priorizar el apoyo a quienes se encuentran en una situación vulnerable, garantizando que una parte específica del ahorro energético anual provenga de acciones dirigidas a hogares con pobreza energética y viviendas sociales, ayudándolos a reducir las facturas de energía y garantizando una transición justa hacia la energía limpia.
  • Promover servicios de eficiencia energética, incluso a través de empresas de servicios energéticos y soluciones financieras innovadoras.

La Comisión ha estado apoyando los esfuerzos de transposición de los países de la UE a través de  documentos de orientación , sesiones temáticas e intercambios bilaterales con países de la UE.