La Comisión Europea ha adoptado sus directrices sobre el régimen general de condicionalidad, cuyo fin es proteger el presupuesto de la UE de las vulneraciones de los principios del Estado de Derecho.
Las directrices explican en detalle cómo aplicará la Comisión el Reglamento, incluida la forma en que se protegerán los derechos de los destinatarios finales y de los beneficiarios de la financiación de la UE.